La seguridad, ha estado siempre dentro de las tres o cuatro preocupaciones de todos chilenos durante los últimos 30 años.
Dentro del actual texto constitucional, la seguridad pública, es decir aquella que se da al interior del territorio de nuestro Estado, se entrega a las instituciones encargadas de la seguridad y orden público, en la especie Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
En la garantía de la seguridad pública, el Estado ha demostrado una ineficiencia, tanto por capacidad como por la falta de efectivos que, principalmente, se dediquen a la labor preventiva en beneficio de las personas que no desean ser víctimas de la delincuencia. Pero diversos flagelos locales como la violencia en la Araucanía, principalmente en la denominada zona roja, con innumerables actos de terrorismo, la migración descontrolada por el norte, principalmente de Bolivia, ha obligado al gobierno no sólo a hacer uso de la declaración de estado de excepción y con ello, movilizar a personal de las Fuerzas Armadas, sino que además, enviar mayor contingente policial para garantizar la seguridad.
Pero los fenómenos delictivos nacionales que se vienen repitiendo en el país no cesan. Dentro de los factores negativos de la Pandemia, encontramos el cierre de fronteras y con ello, una especialización de la delincuencia, la que cuenta con estructuras más consolidadas, ocupación de barrios y poblaciones e incorporación de la población delictiva de menores quienes ante la falta de motivación por la educación y su inimputabilidad, por la corta edad, son reclutados por grupos quienes los ocupan como verdaderos soldados. Existe una verdadera coordinación para tipos de delincuencia que antes eran de distintas áreas, como el robo de vehículos, el uso de armas de fuego y la utilización de tecnología. Todo ello, sumado a cada vez más creciente tráfico de drogas que ahora se produce en el país, con laboratorios descubiertos, no sólo en el norte, sino que incluso a llegado a la zona sur, especialmente la Araucanía.
Frente a estos flagelos, encontramos un crecimiento silencioso pero constante de la denominada Seguridad Privada.
Reconocemos que ha existido una respuesta Municipal frente a la delincuencia, ante a la demanda de seguridad de los vecinos, pero esta aún es limitada frente a las facultades con que cuentan los inspectores municipales o Guardias de Seguridad de empresas externas. La labor de seguridad ciudadana que realizan algunas municipalidades se encuentra siempre supeditada a la capacidad económica de cada entidad y requiere, además, una coordinación permanente con Carabineros de Chile.
Como señalamos anteriormente, frente a estos flagelos sólo ha existido en la reciente campaña presidencial, voces de crítica o apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, de cambios, reestructuración y hasta reforma. En fin, cualquier estrategia nueva, requiere de plazos para su implementación que distan mucho de un cambio en el corto plazo.
Creemos que una forma eficiente e inmediata, es hacer de la Seguridad Privada un coadyudante efectivo de la Seguridad Pública, determinando el Estado los procesos de formación de Vigilantes Privados y Guardias de Seguridad, ampliando los espacios en que estos participan y autorizando nuevas y mejores actividades.
Hemos sostenido, que los particulares tienen el derecho constitucional de procurarse su propia seguridad, a través de la Seguridad Privada y como un complemento de lo que al Estado le corresponde.
En esta línea, es que creemos firmemente debemos trabajar como integrantes de la Seguridad Privada, presentando nuevas iniciativas legales, exigiendo una prestación más eficiente y profesional de Carabineros de Chile e incorporando al Gobierno en instancias de trabajo con todos los componentes del sistema.
Marcello Palavicino
Abogado | Director Fundador